· Con la aprobación en la Cámara de
Diputados de la legislación secundaria, finalizó este proceso
· Es resultado del profesionalismo y
responsabilidad con que los legisladores enriquecieron la iniciativa del
Ejecutivo, señaló el Secretario Videgaray
· Los ciudadanos serán los principales
beneficiados, aseguró
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público expresa su más amplio reconocimiento al H. Congreso de la Unión
por concluir el proceso de aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (LDF), cuya iniciativa fue enviada al
Legislativo por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto el
pasado mes de agosto de 2015, y enriquecida con las aportaciones de diputados y
senadores de las diversas fuerzas políticas.
Hoy, la Cámara de Diputados
aprobó la legislación secundaria, siendo la parte medular la propia Ley de
Disciplina Financiera para Entidades y Municipios. Al respecto, el Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, expresó que “la
conclusión de este proceso es resultado del trabajo, profesionalismo y
responsabilidad con que los legisladores analizaron, discutieron y
fortalecieron la iniciativa original”.
El Secretario de Hacienda dijo
que “con esta Ley, que respeta la autonomía de los estados y municipios, los
principales beneficiados son los ciudadanos, quienes al contar con mayor
estabilidad y responsabilidad presupuestaria en las haciendas de sus gobiernos
locales, en el mediano y largo plazos verán un crecimiento en la inversión
pública y, con ello, en los niveles de bienestar social”.
La LDF genera un marco legal
para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios del país, a
la vez que impulsa un uso más eficiente y ordenado del gasto público y de la
contratación de deuda y obligaciones; fomenta la fiscalización, la rendición de
cuentas y la transparencia, y prevé sanciones para los servidores públicos
locales que no actúen con responsabilidad en la gestión de los recursos
derivados de los financiamiento.
Esta Ley tiene tres objetivos
específicos: 1) Establecer reglas de disciplina financiera, de contratación y
registro de deuda; 2) reducir los costos de la deuda que contratan los estados
y municipios, y 3) moderar el nivel de endeudamiento de los estados, municipios
y otros entes públicos locales.
Para el logro de esos
objetivos, la Ley establece cinco líneas de acción:
· Reglas para la presupuestación y gasto
de los recursos públicos, que transparenten y mejoren el uso de los mismos.
· Requisitos y procedimientos para la
contratación de financiamientos y obligaciones, que promuevan las mejores prácticas
de mercado.
· Otorgamiento del aval de la Federación
sobre la deuda pública de los estados y los municipios, para reducir los costos
de la misma.
· Implementa, por mandato constitucional,
un sistema de alertas para la medición de los niveles de endeudamiento de los
entes públicos locales, sin precedentes en el país.
· Crea al Registro Público Único, el cual
inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes
públicos locales.
Asimismo, la LDF genera reglas
específicas de fiscalización y sanciones, toda vez que la supervisión de su
cumplimiento no recaerá sólo en órganos estatales, sino que también faculta a
la Auditoría Superior de la Federación para realizar esa tarea, al igual que
para fiscalizar la deuda avalada por la Federación.
Con esta Ley se generarán
beneficios inmediatos, como la disminución, a través del aval del Gobierno
Federal, de los costos de la deuda que hoy pagan los estados y municipios, y
por la implementación de procesos competitivos transparentes para contratar la
deuda.
Adicionalmente, en el mediano
y largo plazos, el balance presupuestario y las medidas de responsabilidad
presupuestaria generarán estabilidad de las haciendas locales, incrementando
los niveles de inversión pública y bienestar social.
Con la LDF se fortalecen los
principios de federalismo fiscal, se respeta la autonomía de las entidades
federativas y de los municipios y se fomenta la cultura de la transparencia y
rendición de cuentas, a la vez que se concretan las acciones necesarias para
hacer efectivas las medidas de carácter preventivo y correctivo para contar con
finanzas públicas sanas.
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